La Orden Foral  13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 ha sido sometida al control judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, pese a que el grueso de medidas del ejecutivo foral han pasado el control judicial, las más importantes no lo han hecho.

El AUTO del TSJN de 11 de mayo de 2021 ratifica las medidas excluyendo las siguientes:

Medidas que no han sido aprobadas:

1. Toque de queda: anulado.
2. Horario de cierre terrazas hasta las 22:00 incluido desalojo: anulada.
3. Preparar y servir comidas a domicilio hasta las 22.30: anulada.
4. Horario máximo de apertura y/o actividad en espacios exteriores hasta las 22:00: anulada.
5. Horario máximo de apertura hasta las 21:00 comercios: anulada.
6. Limitación a la circulación de las personas en horario nocturno: anulado íntegramente.

El Gobierno foral ha dicho que no va a recurrir esta resolución y que la va a respetar.

Accede al AUTO completo.

Ya ha transcurrido más de un año en circunstancias especiales muy difíciles debido a la pandemia de COVID-19. Durante este año se han establecido medidas de apoyo para los grupos particularmente afectados, entre ellos los trabajadores autónomos. Las modificaciones introducidas en el nuevo Real Decreto-ley permitirán un acceso a prestaciones extraordinarias para más de 700.000 trabajadores autónomos.

Con el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se introdujeron nuevas ayudas para trabajadores autónomos, duplicando el número de beneficiadores en comparación con el nivel anterior.

Los cambios más importantes:

• Desde el 1 de febrero ya no es necesario haber sido beneficiario de cotización anteriormente para poder acceder a una prestación
• Se suspende la subida de cuota prevista en 2021 hasta el 31 de mayo
• Se eliminan trabas de acceso a la ayuda para autónomos de temporada
• El nivel de caída de actividad para acceder a prestaciones se reduce del 75% al 50%

¿Quién se puede beneficiar?

Están previsto prestaciones para:

• Autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades, como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación de COVID-19 (artículo 5)

• Trabajadores autónomos de temporada, en lo que se entiende: trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis, en cada uno de los años (articulo 8)

• Autónomos que no han conseguido recuperar los niveles de actividad de su negocio y no tienen previsto que eso ocurra en los próximos meses (artículo 7)

• Trabajadores autónomos que no puedan optar a la prestación ordinaria de cese de actividad, ni a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 7 del RDL 2/2021 (artículo 6)

Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021. Todas las prestaciones previstas tendrán una duración máxima hasta el final de mayo.

La cuantía varía entre el 40% y el 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, dependiendo de la prestación aplicable y las circunstancias personales.

Información detallada sobre los requisitos de solicitud, la duración de la prestación e incompatibilidades, así como consejos sobre cómo solicitar la prestación se puedan encontrar en las diversas páginas web de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, como encargadas de gestionar la prestación.

En reacción a situaciones de indefensión agravadas durante el año pasado por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas de protección para grupos vulnerables que tienen dificultades por la falta de accesibilidad a la información. Estos grupos incluyen menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización o con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial.

El RD-L modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, creando la definición de persona consumidora vulnerable en el artículo 3:

“aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”.

Esta categoría ahora se incorpora en diversos preceptos de la Ley, con el objetivo de adecuar el régimen de derechos de los consumidores y usuarios a las necesidades de personas consumidoras vulnerables. 

• Los derechos de las personas consumidoras vulnerables se incluyen en la redacción de los derechos básicos de los consumidores y usuarios (Art. 8).
• El derecho a la información, formación y educación de los consumidores y usuarios (Art. 17) se amplía para incluir un apartado que presta especial atención a las circunstancias de los sectores que tienen una mayor proporción de consumidores vulnerables entre sus usuarios o clientes.
• El artículo 18.2 se modifica para garantizar especial atención a las personas consumidoras vulnerables en el etiquetado y la presentación de los bienes y servicios, presuponiendo acceso y comprensión fácil así como información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales. 
• Con la misma finalidad, se modifican los artículos 19 y 20, que tratan de las prácticas comerciales (obligadas a respetar los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores), aplicándose en las regulaciones sectoriales de ámbito estatal, y de la información necesaria en la oferta de bienes y servicios (que deberá ser clara, comprensible, veraz y de formato fácilmente accesible, para asegurar la comprensión adecuada y la toma de decisiones óptimas).
• También se adaptan las obligaciones del empresario del artículo 60.1, de facilitar a las personas consumidoras vulnerables la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato (especialmente sus condiciones jurídicas y económicas) de manera clara y comprensible previa al contrato.

En resumen, el Real Decreto-Ley ofrece una mejora en la comprensión y la toma de decisiones de consumidores y usuarios, con un enfoque especial en las necesidades de aquellos que están en desventaja en términos de accesibilidad de información.

Adicionalmente, el Real Decreto-Ley 1/2021 modifica el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, relativo a las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

• El artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, se extiende para dar cobertura a las situaciones de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. Se suspenden los procedimientos de desahucio y lanzamiento durante el estado de alarma - tras el cambio, incluso en causas penales en las que el lanzamiento afecta a personas que carezcan de título para habitar una vivienda.

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