El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) ha publicado los datos estadísticos sobre nacionalidad española correspondientes al año 2021. El resumen de la estadística publicada por el OPI es el siguiente:

Es el segundo año de la serie estadística iniciada en 2009, con un mayor número de concesiones tras las del año 2013, con 261.295 expedientes.
Cabe añadir que, en ese año, la variación respecto del año anterior fue algo inferior, al alcanzar una variación positiva de 126%. De esta forma, se puede decir que este año 2021, fue en el que se produjo un mayor esfuerzo por parte de la Administración en la resolución de expedientes de nacionalidad.
El 54% de las concesiones de nacionalidad por residencia en 2021 correspondieron a mujeres (con una variación +177%) y el 56% a menores de 35 años. La edad media de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad por residencia en 2021 es de 30 años, diez años más joven que la edad media de los residentes extranjeros a 31 de diciembre de 2021.

Concesiones de nacionalidad española por residencia. Año 2021. OPI

TASA DE NACIONALIZACION

Dentro de cada uno de los tres grupos definidos en el apartado anterior, los grupos con mayor tasa de nacionalizaciones durante el año 2021 por residencia sobre el total de residentes son: los hondureños, cubanos, dominicanos y bolivianos entre los del grupo sujeto al plazo de dos años, los rumanos en el grupo UE28-AELC, y los marroquís entre el resto también sujeto al plazo de diez años.

GÉNERO

El 54% de las concesiones de nacionalidad por residencia en 2021 correspondieron a mujeres y el 56% a menores de 35 años.

EDAD MEDIA

La edad media de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad por residencia en 2021 es de 30 años, diez años más joven que la edad media de los residentes extranjeros a 31 de diciembre de 2021.

NACIONALIDAD DE ORIGEN

Por nacionalidades de origen más numerosas, los nacionalizados de Marruecos, Rumanía y
Pakistán son en media más jóvenes que su respectivo colectivo de residentes en España. Por otra parte, las mujeres estuvieron sobre-representadas entre las concesiones de nacionalidad respecto al peso de las mujeres en su respectivo grupo de origen en todos los casos salvo Pakistán, Honduras, Marruecos y Ucrania.

PLAZO DE ACCESO

El 35% de concesiones de nacionalidad por residencia se produjeron en virtud del supuesto general que exige 2 años de residencia previa, legal y continuada en España. Las principales nacionalidades en este grupo fueron la colombiana, la ecuatoriana y la boliviana.

En todo caso, la nacionalidad marroquí lidera, a gran distancia del siguiente, con un total de 59.212 concesiones (29%). Resulta muy significativo que, del total de concesiones a ciudadanos marroquís, 34.860 (59%) sean menores nacidos en España con un año de residencia legal. A través de esta vía de acceso, han adquirido la nacionalidad española un total de 58.650 personas (29%).

Respecto de las concesiones de nacionalidad por la vía de acceso de un año de residencia por matrimonio con un/a ciudadano/a de nacionalidad española, cabe señalar 22.315 concesiones, entre las que destacan los nacionales de Venezuela, Colombia y Cuba.

POR RECURSOS DE REPOSICION

En 2021 se han resuelto 2.077 expedientes con el motivo recurso de reposición. En estos casos, se pierde el motivo original por el que se ha solicitado la nacionalidad española por residencia.

Comentario crítico a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que cambia la doctrina existente en cuanto a la concesión de la protección subsidiaria a solicitantes de asilo.

Por María Correa, abogada especialista en Derecho de Extranjería y Nacionalidad.

La sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de febrero de 2022 contra resoluciones denegatorias de asilo a una familia ucraniana que solicitó protección internacional el 20 de diciembre de 2020 en Soria, ante la O.A.R. y que ahora esta sala de la Audiencia Nacional concede la protección subsidiaria a causa de la actual situación de la guerra de Ucrania.

Esta sentencia expone los motivos para solicitar asilo aducidos por el abogado defensor del ciudadano ucraniano y la situación de reclutamiento que vive el cabeza de familia, susceptible de protección internacional, conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951 y en concreto se aduce:

“sobre la obligatoriedad de prestación del servicio militar, son en esencia que los interesados motivan su solicitud de protección internacional en “la situación derivada del conflicto bélico que atraviesa su país y las consecuencias que ha tenido para su vida””

“aduce sustancialmente que si bien la resolución reconoce la gravísima situación por la que atraviesa el país no es suficiente para otorgar la protección solicitada. y el hecho de que, irremediablemente, el padre sea separado de un modo u otro del resto de su familia va a suponer dejarlos desamparados, tanto en el supuesto de que efectivamente sea reclutado e incorporado al ejército, como en el supuesto de que ingrese en prisión como consecuencia de su negativa a incorporarse al mismo. viene a añadir, entre otros extremos, que el hecho de que la familia por lo que la figura del cabeza de familia resultaba imprescindible tanto para su subsistencia como para su seguridad.”

Por otro lado, los motivos de denegación del Ministerio de Interior (O.A.R.), para denegar el estatuto de asilo o refugio a la familia ucraniana, se basan en el:

“temor de a ser reclutado para prestar servicio de armas en el conflicto que sufre su país de origen” valorando que su condición de desertor del ejercito ucraniano no se encuentra prevenido en la Convención de Ginebra de 1951 para su protección. Esta sala llega incluso a reiterarse en sentencias anteriores sobre esta cuestión todo ello conforme a la Directriz nº 10 de ACNUR: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con el servicio militar en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967", que señala que los Estados tienen el derecho de legítima defensa en virtud de la Carta de la ONU (artículo 51) y el Derecho internacional consuetudinario, lo que se traduce en su derecho a exigir que sus ciudadanos realicen el servicio militar con fines militares, sin que ello suponga  una violación de los derechos del individuo. Indicando ACNUR que, en consecuencia, los Estados también pueden imponer penas o sanciones a las personas que desertan o evaden el servicio militar .”

Con esto en mente vamos a acudir al diccionario de la RAE, para buscar el significado del término “ideología”, como el “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”; podemos entenderlo según su significado como el conjunto de convicciones, creencias, ideas y/o opiniones sobre sí mismo o sobre el universo que nos rodea.

El propio Tribunal Constitucional ha calificado estas convicciones como el “núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, orientaciones sexuales…” siendo percibidas como posesiones inseparables de nuestra identidad a través de nuestra conciencia, y uno de los atributos fundamentales de la personalidad del ser humano.

Definida la conciencia como la “capacidad o facultad para percibir la propia identidad personal como radical libertad, es la fuente de criterios para valorar las conductas del sujeto, tanto de cara a sí mismo como en relación a “lo otro” y a “los otros”, esta percepción es la que nos dicta lo que debemos hacer o no hacer, lo que es correcto y lo que no lo es, y nos permite desarrollar plenamente nuestra personalidad dentro de nuestros propios límites y va precedida nuestra consciencia de dos cosas: de la identidad personal de cada uno y de la idea de persona que tenemos en un momento social dado.

La coherencia entre esa imagen de uno mismo y nuestras conductas externas constituyen la base de nuestra dignidad personal, entendida esta como merecimiento de respeto por nosotros mismos como por los demás, esta doble caracterización da lugar, a lo que ha sido calificado por la doctrina como la “autonomía” de la dignidad, que significa que la persona es digna de respeto en todo momento y esta dignidad se apoya en dos pilares fundamentales: la conciencia y la libertad, como máximas inexorables del libre desarrollo de la personalidad, siendo jurídicamente relevante la coherencia o incoherencia entre nuestra convicción interna y nuestra conducta externa.

Algunas  de nuestra ideas o convicciones pueden ser éticas, con vigencia universal e inexcusables; mientras que otras pueden ser sociológicas, con vigencia particular en un tiempo o lugar determinado, y en este sentido debemos valorar en este caso concreto las convicciones que pudieron llevar a un padre de familia a abandonar su país y solicitar asilo y refugio para su familia, ante una inminente situación de conflicto bélico internacional, he aquí la cuestión planteada al encontrar esta sala al solicitante como un desertor del llamamiento a filas de su país o, valorar el hecho de que las convicciones de este padre de familia no le permitían en su conciencia, ser instrumentalizado en una guerra totalmente contraria a estos ideales y convicciones más profundos, y que en caso de regresar a su país sería privado de esa “autonomía” de la dignidad humana tan relevante cuestión no fue debatida por esta sala, tan solo lo considero simple y llanamente “un desertor”, que se resistía a una obligación cívica.

De seguir resolviendo los poderes públicos y especialmente nuestro tribunales las solicitudes de protección internacional de forma superficial, se estaría yuxtaponiendo la aplicación de normas o decisiones jurisprudenciales en lugar de analizar de forma autentica y transversal cada caso, aportando así soluciones justas evitando la erudición cuantitativa y el exceso abrumador de normas, anulando la capacidad crítica de las verdaderas circunstancias de cada caso concreto, se debe hacer un esfuerzo en no caer en la mera imitación y transliteración de preceptos normativos, que tantos inconvenientes han causado a la moral, al derecho y en última instancia a las personas que directamente afectan estas resoluciones, como es este caso de solicitud de asilo y refugio por un ciudadano ucraniano y su familia.

Espiga, A. C. (2019). Conciencia, Persona y Ordenamiento Jurídico Tirant lo Blanch.

Entra en vigor nueva regulación para las criptomonedas en España, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más específicamente buscará gravar los beneficios obtenidos al operar con estos activos, tales como bitcoin, ethereum, etc. Te informamos de cómo puede afectarte.

La finalidad de esta nueva legislación es "reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales". Una clara novedad de esta legislación es el tratamiento formal que le da a las criptodivisas denominándolas "moneda virtual".

En concreto, establece dos nuevas obligaciones a distintos sujetos:

Obligaciones de empresas que gestionen criptomonedas.

Se introduce la obligación de comunicar saldos y titulares:

Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad, vendrán obligadas a suministrar a la Administración Tributaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan, información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas. Este suministro comprenderá información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

OBLIGACIONES DE LOS EXCHANGES

Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados, en los términos que reglamentariamente se establezcan, a comunicar a la Administración Tributaria las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación.

La misma obligación anterior tendrán las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Es decir, los distintos exchanges quedan obligados a informar de domicilios, identificación fiscal, así como el precio y la fecha de la operación.

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES (modelo 720)

Respecto a obligaciones de los contribuyentes que tengan criptodivisas en monederos internacionales (Coinbase wallet, stormgain, exodus, coinomi, enjin, jaxx, entre los más conocidos), quedan obligados a presentar el infame modelo 720 en la Renta, de Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el extranjero (720).

Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Es decir, si tenemos criptomonedas en estos monederos internacionales debemos declararlas, incorporándolas a la Renta. Las sanciones aplicables a los olvidos son equivalentes a las actuales, con lo cual nos encontramos de nuevo en la incertidumbre ya que las sanciones por no presentar el modelo 720 ya han sido objeto de polémica y llamada de atención a España por parte de la Comisión Europea, creado situaciones de sanciones desproporcionadas e injustas.

CUESTIONES SIN RESOLVER

Quedan sin resolver cuestiones como el límite a partir del cual estamos obligados a declarar, o el régimen transitorio de los criptoactivos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley.

Asimismo, tampoco resuelve qué ocurre con las criptomonedas que se encuentren almacenadas en un dispositivo físico (ledger).

La ley 8/2021 publicada en el BOE el 3 de junio de 2021, impone un cambio en el ordenamiento jurídico; pues en este predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad. Sin embargo, con la publicación de esta nueva ley, pasa a un primer plano la voluntad y las preferencias de la persona discapacitada pues, como regla general, ésta podrá tomar sus propias decisiones.

Esta Ley consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. A su vez, introduce modificaciones en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Comercio, en la Ley Hipotecaria, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en la Ley del Registro civil, con el fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

"No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio".

(Referencia tomada de Iberley).

La Orden Foral  13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 ha sido sometida al control judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, pese a que el grueso de medidas del ejecutivo foral han pasado el control judicial, las más importantes no lo han hecho.

El AUTO del TSJN de 11 de mayo de 2021 ratifica las medidas excluyendo las siguientes:

Medidas que no han sido aprobadas:

1. Toque de queda: anulado.
2. Horario de cierre terrazas hasta las 22:00 incluido desalojo: anulada.
3. Preparar y servir comidas a domicilio hasta las 22.30: anulada.
4. Horario máximo de apertura y/o actividad en espacios exteriores hasta las 22:00: anulada.
5. Horario máximo de apertura hasta las 21:00 comercios: anulada.
6. Limitación a la circulación de las personas en horario nocturno: anulado íntegramente.

El Gobierno foral ha dicho que no va a recurrir esta resolución y que la va a respetar.

Accede al AUTO completo.

Ya ha transcurrido más de un año en circunstancias especiales muy difíciles debido a la pandemia de COVID-19. Durante este año se han establecido medidas de apoyo para los grupos particularmente afectados, entre ellos los trabajadores autónomos. Las modificaciones introducidas en el nuevo Real Decreto-ley permitirán un acceso a prestaciones extraordinarias para más de 700.000 trabajadores autónomos.

Con el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, se introdujeron nuevas ayudas para trabajadores autónomos, duplicando el número de beneficiadores en comparación con el nivel anterior.

Los cambios más importantes:

• Desde el 1 de febrero ya no es necesario haber sido beneficiario de cotización anteriormente para poder acceder a una prestación
• Se suspende la subida de cuota prevista en 2021 hasta el 31 de mayo
• Se eliminan trabas de acceso a la ayuda para autónomos de temporada
• El nivel de caída de actividad para acceder a prestaciones se reduce del 75% al 50%

¿Quién se puede beneficiar?

Están previsto prestaciones para:

• Autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades, como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación de COVID-19 (artículo 5)

• Trabajadores autónomos de temporada, en lo que se entiende: trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de seis, en cada uno de los años (articulo 8)

• Autónomos que no han conseguido recuperar los niveles de actividad de su negocio y no tienen previsto que eso ocurra en los próximos meses (artículo 7)

• Trabajadores autónomos que no puedan optar a la prestación ordinaria de cese de actividad, ni a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 7 del RDL 2/2021 (artículo 6)

Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021. Todas las prestaciones previstas tendrán una duración máxima hasta el final de mayo.

La cuantía varía entre el 40% y el 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada, dependiendo de la prestación aplicable y las circunstancias personales.

Información detallada sobre los requisitos de solicitud, la duración de la prestación e incompatibilidades, así como consejos sobre cómo solicitar la prestación se puedan encontrar en las diversas páginas web de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, como encargadas de gestionar la prestación.